Leyes. Todas las operaciones que figuran en el listado son, a primera vista, legítimas por el sólo hecho de haber sido registradas por el Banco Central. Difícil, en cambio, es saber si en algunos casos el origen de los fondos aplicados a la adquisición de las divisas pudiera ser consecuencia de maniobras de evasión o elusión fiscal. Una posibilidad que escapa por alcance y complejidad a las herramientas periodísticas.

La historia argentina del último medio siglo abre las puertas a desconfianzas múltiples.

El tipo de cambio y la fuga de divisas –esta última estrechamente ligada a la evasión y/o elusión impositiva– son temas que han marcado a fuego durante décadas la vida de los argentinos. Constituidos en temas centrales del debate nacional desde la reforma financiera de José Alfredo Martínez de Hoz, la cuestión se convirtió en un factor central de la lógica de acumulación para lo más concentrado del capital local. Un debate que cobró una dimensión directamente proporcional al vertiginoso endeudamiento externo que registró el país desde fines de los años setenta.

Aunque en un sentido estricto no existe en el país lo que se conoce como “control de cambios”, el Poder Ejecutivo ha impulsado una política que puso límites a la adquisición de divisas. Además, incrementó los controles mediante el accionar coordinado del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos. El objetivo: detener el drenaje y redoblar el control fiscal para detectar a personas físicas y/o jurídicas que realicen operaciones inconsistentes entre el monto de dólares adquiridos y la situación fiscal que declaran.

Las medidas adoptadas por los organismos involucrados se inscriben en el Régimen Penal Tributario, una normativa que faculta al Poder Ejecutivo a definir las conductas cambiarias prohibidas; es decir: contrarias al punto de vista de los objetivos de la política económica. Una razón que explica con claridad que la norma haya caído en el olvido durante los años noventa, cuando rigió en el país una apertura irrestricta para el ingreso y egreso de capitales.

Lejos de ser restrictivas, las regulaciones vigentes admiten que las personas físicas y jurídicas compren divisas en el mercado único de cambios (hasta un límite de dos millones de dólares mensuales) para atesorarlas en el país o, incluso, adquirir propiedades en el exterior, otorgar préstamos a no residentes y realizar inversiones directas. También habilitan, por ejemplo, el egreso de divisas para el pago de servicios –como fletes, seguros, etc.– y la importación de bienes, además del pago de utilidades y dividendos. En síntesis, un marco legal que no afecta los derechos individuales ni el normal desenvolvimiento de la economía y que protege los intereses colectivos.

Trampas. Un repaso de las últimas décadas de la economía argentina muestra, sin embargo, que la remisión de dólares al exterior significa, la mayoría de las veces, una expatriación de ahorro interno, es decir, de partes de la renta social monetizada en dólar que no vuelve al circuito económico local. En muchos casos se ha tratado lisa y llanamente de fuga de capitales.
Aún dentro del marco legal de la compra en blanco de moneda extranjera, la fuga de capitales es una empresa que cuenta con múltiples estrategias. Por ejemplo:

• Sobrefacturando importaciones y subfacturando exportaciones. Un caso: se pueden comprar legalmente dólares para pagar facturas infladas de compras en el exterior.

• Se pueden inventar cancelaciones de deudas o capitalizaciones. Éste fue el camino que privilegiaron los grupos económicos que, gracias a las privatizaciones menemistas, se hicieron de las empresas del Estado en los ’90. De esa manera, las empresas privatizadas de servicios públicos giraron al exterior –en promedio, durante esa década– 80 centavos de cada dólar ganado en la Argentina.

• Instrumentando el pago de falsas prestaciones de servicios a empresas en el exterior que son generalmente propiedad de los mismos grupos económicos que dominan a las que pagan esos servicios. Éste fue otro de los caminos para la fuga de capitales utilizado por las privatizadas de servicios públicos durante los ’90.

• Mediante la creación de fideicomisos en el exterior.

• Las capitalizaciones son otra forma de inventar deuda. Se producen cuando alguien tiene acciones de una sociedad anónima propia pero que está a nombre de terceros y amplía capital. Para preservar la participación se compran acciones, acto que origina automáticamente la salida de los dólares.

Los lectores de Miradas al Sur pueden repasar las listas de las próximas páginas, imaginar destinos y sacar algunas conclusiones.

Fuente: http://www.elargentino.com/nota-76735-La-lista-completa-de-Martin-Redrado.html