martes 20 de febrero de 2018
Graciela Ocaña denunció amenazas de muerte.

Graciela Ocaña fue amenazada de muerte una hora después de presentar un escrito en el Juzgado Federal 3 de Morón, donde se investiga al sindicalista Hugo Moyano por supuesto desvío de fondos de la obra social de Camioneros. La diputada de Cambiemos se había presentado en la Justicia para aportar información del dirigente y de los manejos de su gremio.

“Cucaracha de mierda, te seguís metiendo con el jefe. Te vamos a tirar mil toneladas de basura en la puerta de tu casa y te las vamos a hacer morfar. No te salva ni la custodia, sos boleta”, decía el mail que llegó al correo electrónico de Ocaña a las 14.40.

La diputada había dicho que tenía miedo por su seguridad, después de que amplió su denuncia contra Moyano por supuesto desvío de fondos de la obra social de Camioneros. “El sindicalista me trató de cucaracha. Él lo dice en el sentido de que a una cucaracha hay que exterminarla. Tengo temor porque tiene empresas de seguridad. Tuve problemas y no quiero volver a tenerlos. Lo hago responsable si algo me pasa”, manifestó en conversación con Desde el llano. Días después, el líder de Camioneros pidió custodia para la exministra de Salud y la acusó de mentir y de evadir impuestos.

En su denuncia, Ocaña detalló cómo habría operado Moyano con sus firmas cuando llegó a la CGT, a mediados de los 2000. “Creó empresas ad hoc manejadas por sus familiares para proveerles servicios a la obra social de Camioneros. Lo único que tenía la mujer hasta ese momento era un geriátrico. El único cliente que tuvo después era Camioneros, el sindicato de su marido”, comentó.

Según su acusación, el gremialista habría acumulado ganancias a través de las empresas que compraron cada vez más propiedades en lugar de invertir el dinero, cuyo usufructo terminaba en la familia del actual presidente de Independiente. Tanto el dirigente como parte de su familia viven en un departamento de la avenida Montes de Oca y usan habitualmente una quinta ubicada en barrio Parque Leloir en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

La legisladora pidió además que la Superintendencia de Servicios de Salud designe un interventor en la Obra Social de Camioneros, al igual que en todas las empresas de la familia de Moyano que tengan vinculación con el gremio. Se trata de una ampliación de denuncia en una investigación que empezó en 2006, por supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros.

Fuente: Infobrisas

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