Proyectos aprobados en el Senado: Jueces deberán mantener un cargo al menos 4 años

Deberán esperar 4 años para concursar por otra función. Por otra parte, avanza ley de pensión por persecución política.

Los funcionarios del Poder Judicial bonaerense designados a través del Consejo de la Magistratura deberán esperar cuatro años a partir de ese nombramiento para volver a presentarse en un concurso por otro cargo, a partir de la entrada en vigencia de una ley sancionada ayer por el Senado provincial.

La norma impone modificaciones en el procedimiento de selección de cargos en los que interviene el Consejo de la Magistratura y amplía de dos a cuatro años el plazo de veda para presentarse a concurso en el caso de los funcionarios ya designados en el Poder Judicial.

Además determina que esa instancia “cesará en su condición de postulante en todo otro proceso de selección en el que estuviere participando, cualquiera sea el estado en que éste se encuentre”.

El diputado de la Coalición Cívica Armando Abruzza, autor del proyecto, explicó que la posibilidad de postularse cada dos años “genera, además de un desgaste operativo en el Consejo de la Magistratura, una desatención del juez o miembro del Ministerio Público en la función que está llamado a cumplir”.

PENSIONES

En tanto, el Senado aprobó con modificaciones un proyecto de ley que establece una pensión para todas las personas que hasta diciembre de 1983 hayan sufrido algún tipo de persecución por su accionar político. El proyecto comprende a aquellas personas que hayan sido “condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privadas de su libertad, o hayan tenido que exiliarse por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y parapoliciales”.

La iniciativa fue presentada en Diputados por la legisladora Marta Médici y modificada en el Senado por el titular del cuerpo, Federico Scarabino, quien ayer destacó que el proyecto “intenta cumplir con el reclamo de personas que no estaban contempladas en la ley vigente. Mucha gente fue perseguida, encarcelada o tuvo que exiliarse antes del golpe de 1976 y no están amparadas por la legislación”, dijo.