Las Madres piden investigar la red de testaferros de los Schoklender

Sería el paso previo a ampliar la denuncia por estafa a todos los presuntos involucrados. Solicitaron indagar las conexiones entre todas las compañías y sus integrantes, y reclamaron una inspección ocular en otro country.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo hizo ayer una presentación ante el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide, donde solicitó medidas de prueba contra lo que se presume podría ser la red de empresas y testaferros que fueron utilizados por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender para el desvío de fondos de la entidad. Según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo Argentino, los abogados de la querella acompañaron el escrito con documentación y publicaciones del Boletín Oficial, donde se realiza un pormenorizado análisis de las distintas sociedades y de su composición accionaria. No se descarta que con la confirmación por parte de la justicia de la vinculación entre las firmas y sus integrantes, la Fundación amplíe su denuncia por estafa a todos los involucrados.

En el escrito, se le solicita al fiscal federal Jorge Di Lello que investigue las conexiones entre las compañías Meldorek SA, Construcciones Calificadas SA, Docamer SRL, Antártica Argentina SA, Monteización SA y Pasart SRL, que son algunas de las firmas que Oyarbide tiene en la mira dentro de la investigación que sigue bajo secreto de sumario. Allí también se adjunta documentación que prueba que sus integrantes se repiten y tienen vínculos entre sí. El piloto Gustavo Serventich, Alejandro Abraham Gotkin y su esposa Marcela Zlotogorski, Daniel Laurenti, Leonardo Hubscher, Marcelo Lewkowicz –todos relacionados con Sergio Schoklender– y Alberto Marcelo García junto a Manuel Camet son algunos de los nombres mencionados en el escrito.

Además de todo esto, la querella solicitó que se haga una “inspección ocular y una pericia” en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz donde también podrían haberse desviado paneles constructivos de la fábrica de Madres. La maniobra se habría hecho a través de la firma Construcciones Calificadas y se sumaría a las pruebas encontradas en el barrio cerrado El Patacón, donde varios directivos de la Fundación tenían casas construidas con los materiales de esa entidad. Según pudo saber este diario, el pedido fue acompañado con una carpeta con los datos de esa compañía, vinculada con Pablo Schoklender.

Además, según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, la Fundación aportó a la fiscalía que conduce Di Lello documentos que prueban una “cesión de bienes muebles” de la empresa Pasart –controlante de la imprenta que tenían las Madres– hacia la Fundación en junio de este año, cuando el escándalo por malversación de fondos ya se había desatado. La imprenta, que en un principio se pensó que era controlada por la Fundación, resultó formar parte de una firma relacionada con el menor de los hermanos.

En ese sentido, ayer trascendió que Di Lello decidió archivar la denuncia contra la Fundación por presuntos delitos electorales en la impresión de afiches y folletería para la campaña del kirchnerismo, que había formulado Schoklender. No obstante, el fiscal pidió investigar quiénes habrían pagado esos trabajos, que se informe sobre el presupuesto que tiene la Fundación destinado a tal fin, y que se detallen quiénes eran sus encargados y cuáles eran sus actividades. En sus fundamentos, Di Lello argumentó que las Madres no cometieron delito electoral porque las impresiones se hicieron fuera de los plazos previstos para una campaña y que los documentos que aportó Schoklender no suministran información concreta para iniciar una causa. Sin embargo, el fiscal señaló que “existirían actividades que podrían ser materia de investigación, pues la intervención de algunas personas físicas o jurídicas relacionadas con la Fundación deben ser analizadas en ese contexto”. En ese sentido, le solicitó a Oyarbide que constate si entre la documentación secuestrada hay precisiones sobre las actividades, presupuesto y contabilización de las operaciones “relacionadas con quienes fueron los que habrían encargado tales trabajos”.

El fiscal destacó que los remitos presentados no contienen montos, no identifican lugares de entrega y muchos son manuscritos. La única identificación de montos corresponde a los trabajos a nombre de Fatala que señala que se trata de 401.734 pesos, pero tampoco indican un responsable, fechas concretas ni origen del trabajo, por lo que tampoco constituyen delito electoral.

Fuente: Tiempo Argentino.