Ruralistas rechazan denuncias: Por nuevos reclamos, se reavivó el debate sobre uso del glifosato

A partir de nuevas denuncias de vecinos autoconvocados, organizaciones ambientalistas y una resolución del Defensor del Pueblo bonaerense (DPB), se reavivó en la provincia de Buenos Aires el debate sobre el uso responsable del plaguicida glifosato (nombre genérico), el más usado por los productores para fumigar las plantaciones de soja.

Las partes no se ponen de acuerdo, y parece que en el mediano plazo tampoco lo harán, en el grado de perjuicio que el glifosato significa para los seres humanos y para la flora y fauna en general, en quién debe controlar su aplicación, cuál es la distancia que debe existir entre los campos donde se aplica y las ciudades, entre otras cuestiones.

Cada protagonista tiene su hipótesis sobre la problemática y algunas de ellas son contrapuestas. Por eso parece difícil que la compulsa pueda tener una definición cercana. Por ejemplo, mientras los ecologistas señalan al glifosato como causante de las peores enfermedades, los ruralistas dicen que es inocuo, salvo en casos muy puntuales.

En diálogo con INFOCIELO, el titular de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Alberto Frola, señaló que “no le constan” problemas ni denuncias referidas al uso de este agroquímico. Es más, el dirigente rural señaló: “No conozco ninguna persona que haya tenido algún tipo de problema”.

Al ser consultado sobre un caso de leucemia de un joven en el partido de Mercedes, episodio citado por la Defensoría para pedir nuevos estudios sobre glifosato, Frola descartó una relación directa con el agroquímico. “Ahora resulta que todos los casos de leucemia o cáncer son por esto. No es así. Hay múltiples de causas que podrían haber motivado esa enfermedad”, amplió.

En su Resolución 32/11, del último 11 de agosto, el DPB, oficina a cargo del dirigente Carlos Bonicatto, “recomendaba a los Municipios que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos en su territorio a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación Medioambiental y de los alimentos”.

La misiva, compuesta por ocho páginas, reclamaba a los distritos que “se sirvan formular una adecuada planificación territorial, tanto para la aplicación terrestre como aérea de estos productos”.

En el texto, que fue elevado también al Ministerio de Asunto Agrarios, el Defensor se comprometía a “iniciar una investigación de oficio a efectos de determinar la probable incidencia en la salud de la población y en los alimentos para consumo, respecto del uso de agroquímicos en la actividad agrícola”.

El DPB fundamentó su decisión en denuncias que le llegaron desde Mercedes (el ya citado caso de leucemia), San Antonio de Areco y Trenque Launquen (por fumigaciones indiscriminadas). La dependencia provincial también aprovechó el dictamen para recordar que impulsa “una modificación al Decreto 499/91 que reglamenta la Ley 10.699, reguladora de la actividad relacionada al uso de agroquímicos en la Provincia”.

En contraposición con dicha Resolución, el diputado provincial Jorge Srodek (Pro-Peronismo), ex presidente de CARBAP, acusó a Bonicatto de “hacer un uso político de la cuestión glifosato”. El legislador consideró que “sería una contradicción muy grande que Argentina se ponga en contra de hacia donde avanza el mundo”, también en diálogo con INFOCIELO.

Para refozar sus declaraciones, Srodek envió a este portal un trabajo sobre la materia donde se asegura que “el glifosato en si mismo es levemente perjudicial para la salud humana, y sólo si entra en contacto directo con las personas”. El paper detalla que “posee baja toxicidad, no es cancerígeno, no es teratogénico (no afecta el normal desarrollo embrionario); no provoca malformaciones, no es neurotóxico (no afecta el sistema nervioso), no tiene efectos sobre la reproducción”.

Los cuestionamientos

Estos resultados se dan de bruces con los expuestos, en reiteradas ocasiones, por Andrés Carrasco, profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Conicet, quien no duda en decir que el glifosato incrementa considerablemente las posibilidades de abortos espontáneos en mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zonas rurales y “está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años”.

Por su parte, el Grupo de Reflexión Rural, avanza desde 2006 con la campaña “Paren de Fumigar” a partir de conocer y respaldar a un grupo de mujeres que habitan un barrio periférico de la ciudad Córdoba donde existen más de 200 casos de cáncer en una población de no más de 5.000 habitantes. La madres culpan al glifosato.

El GRR publicó el “Informe sobre la problemática del uso de plaguicidas en las principales provincias sojeras de la Argentina”, desde el cual pone la lupa sobre, en el caso bonaerense, los distritos de Los Toldos, San Nicolás, Trenque Lauquen y Chacabuco. En el primero de los casos, se menciona “un aumento de enfermedades respiratorias en los niños y también alergias y dermatitis en el común de la población”.

Quién debe controlar

Otra de las cuestiones donde las opiniones se entrecruzan es quién debe ser el organismo o estamento encargado de controlar la utilización de plaguicidas. Según Frola, “hoy hay una anarquía porque cada municipio establece sus normas y áreas de fumigación”. En tanto, desde una asamblea ambientalista, que el viernes se manifestó en La Plata, frente a la Gobernación, reclaman que la autoridad debe ser el Ministerio de Salud.

Por su parte, el Defensor recuerda que “los Municipios son los encargados de delimitar en primera instancia, las áreas urbana, complementaria y rural, entre otras zonificaciones más específicas” y que también existe lo que se llama Principio de Responsabilidad.

A partir de este principio, “el generador o usuario beneficiado que introduce un riesgo por utilización de estos elementos al ambiente, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas, sin perjuicio de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”.

Por último el DPB señala que “Ley Provincial 11.723 dispone en su art. 55 inc. f) el fomento de uso de métodos alternativos de control de malezas y otras plagas a fin de suplir el empleo de pesticidas y agroquímicos en general”, siempre sin olvidar que es, en último instancia, “la Provincia la que deberá asegurar políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo”.

El reclamo en Buenos Aires

El viernes último, un grupo de vecinos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires se manifestaron en La Plata y entregaron un reclamo por escritos en las dos cámaras de la Legislatura y en el DPB. Llegaron nucleados bajo la bandera de “Paren de Fumigarnos”, un colectivo que ya está organizado provincias como Córdoba y Santa Fe. “El objetivo es consolidarnos también en Buenos Aires”, explicó a INFOCIELO una de las personas que llegó, desde Saladillo, a la capital bonaerense.

El texto redactado señalaba “la grave afectación a la salud, la destrucción de la biodiversidad y el fenómeno de los desplazamientos de habitantes rurales hacia la periferia de las ciudades como los principales daños que se producen a causa del uso de agrotóxicos en ámbitos rurales”. Informe de INFOCIELO.