Posición del Consejo de Educación Católica ante los recortes anunciados por el gobierno.

El Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresan su posición ante los recortes anunciados por el gobierno de Daniel Scioli a los subsidios para la educación pública de gestión privada.

En uno de los párrafos, manifiestan que “es evidente que las medidas anunciadas de recortar los aportes destinados a cubrir al personal docente suplente, no otorgarlo a secciones que posean menos de veinte alumnos –cualquiera sea el nivel o curso-, y suspender el otorgamiento de cargos pendientes de su obtención por cualquier causa, impedirán a nuestros establecimientos seguir brindando los mismos servicios”.

Además, remarcan que “se está poniendo en grave riesgo la continuidad de esa prestación y el sostenimiento de su calidad, ya que la mayoría de nuestras escuelas no está en condiciones de afrontar estos recortes ni de compensarlos subiendo los aranceles”.

La nota está dirigida a “todas las familias que han optado por el estilo de educación pública de gestión privada eclesial, a los docentes que eligieron ejercer en el mismo su vocación y al personal no docente que con su tarea cotidiana hace posible concretar el proyecto educativo”.

En la misma expresan “la preocupación causada por el anuncio de recortes que haría el Gobierno de la Provincia en relación con el régimen de aportes que se otorgan a la educación pública de gestión privada”.

En uno de los párrafos, manifiestan ser “conscientes de las serias dificultades que la provincia y el país enfrentan, pero entendemos que en toda emergencia deben privilegiarse y resguardarse áreas tan sensibles como son la seguridad, la salud y la educación”.

Además, sostienen que no creen que “la solución sea el recorte del aporte estatal que se brinda a estas comunidades educativas”.

El aporte a esas instituciones, agregan “se ha otorgado desde el Estado Provincial, previo cumplimiento de una serie de requisitos y mucha espera” y se destina “únicamente al pago de salarios de docentes reconocidos oficialmente, que integran la planta orgánico-funcional del establecimiento”.

En el mismo sentido, recuerdan que “en muchos de éstos aún se está a la espera de ese beneficio a nuevos cursos y cargos derivados de las últimas reformas impuestas por las autoridades estatales”.

El Consejo que nuclea, entre otras, a las escuelas privadas de San Pedro informa que  “cualquiera sea el porcentaje de aporte con el que se cuente, éste no comprende salarios de personal docente de planta no subvencionada, auxiliares y extraprogramáticos, de maestranza y administrativo”.

Tampoco alcanza “al necesario mantenimiento del edificio, sus reformas y equipamiento, así como al pago de servicios” que se cubren “con el esfuerzo de la comunidad educativa, y fundamentalmente, con las cuotas que por aranceles escolares abonan las familias, según los límites de sus posibilidades, con escalas aprobadas por las mismas autoridades educativas provinciales”.

Los firmantes de la nota expresan que “la solución al problema no debe consistir en resignar el derecho de las familias a optar por este tipo de servicios. De acuerdo a la realidad actual una gran proporción de estos deberá plantearse seriamente la alternativa de su cierre a corto plazo”.

En la opinión de quienes administran las escuelas de este tipo “las autoridades educativas provinciales deberían evaluar nuevamente la dimensión de la situación en que se coloca a nuestros establecimientos educativos, sobre todo a aquellos que están insertos en comunidades de bajos recursos”.