Proyecto en el Senado Nacional: Proponen la “denuncia solidaria” para casos de violencia familiar.

Podrán realizarse con reserva de identidad y sin necesidad de pruebas. Restricciones para deudores alimentarios

Dos proyectos de ley, que proponen habilitar la “denuncia solidaria” de terceros en casos de violencia familiar y que permiten a los niños y adolescentes presentar acusaciones, fueron presentados ayer por los senadores del oficialismo, Aníbal Fernández y Elena Corregido.

Las propuestas contemplan también imponer castigos a funcionarios públicos que teniendo que haber actuado ante las denuncias de violencia familiar no lo hayan hecho.

También establecen la creación de un registro nacional de deudores alimentarios en mora y plantean restricciones para estas personas como el impedimento de obtener o renovar el pasaporte, las licencias de conducir, tarjetas de crédito o la apertura de cuentas bancarias.

Quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para aperturas de comercios o industrias o desempeñarse en cargos públicos, así como tampoco obtener concesiones, permisos o licitaciones.

Ambas iniciativas, que serán presentadas hoy en el Senado, serían tratadas en comisión a la brevedad para ser sancionadas antes de fin de año.

LAS DENUNCIAS

La primera de las leyes propuestas, denominada “de protección, sanción y erradicación de la violencia y abuso de poder en el grupo familiar”, determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante.

Agrega que los niños y niñas y adolescentes podrán denunciar “por sí los hechos que los afectan” ante cualquiera de estos ámbitos y que los testimonios podrán ser verbales o escritos e incluso por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos en el caso de personas discapacitadas.

El proyecto incorpora también la llamada “denuncia solidaria” para que terceros o “todos aquellos que se sientan afectados” por una situación de violencia puedan efectuarla sin necesidad de la presentación de pruebas.

Corregido informó que se abrirán cursos de capacitación para todos los ámbitos del Estado encargados de recepcionar las acusaciones para que los agentes “estén preparados sobre cómo actuar ante una víctima de este tipo de delitos”.

“El principal objetivo es excluir al denunciado del hogar para poner fin lo antes posible a este tipo de situaciones”, explicó Fernández, quien agregó que se dispondrá el impedimento de la portación de armas para los denunciados que las posean.

Funcionarios

En el caso de funcionarios públicos “obligados a denuncias y que omitieren cumplir con dicha obligación, se les impondrá una multa diaria equivalente al uno por ciento del sueldo básico de un juez por cada día de demora o pena de arresto de hasta diez días”.