El Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, advirtió que, como todo acto médico es público, el problema no es acceder a la prestación, sino que sea inclusiva. El gobierno empezó por organizar y ordenar el sector atacando dos frentes: la medicina prepaga y la ruta de los medicamentos.
El Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, destacó que el Sistema de Seguridad Social abarca cada vez a una mayor cantidad de personas, pero justificó “los problemas de financiamiento” que ello genera, apoyándose en datos concretos: “Hace 40 años, con la vieja ley 18.610 de obras sociales, el 99% de los recursos eran aportes y contribuciones. Hoy esa cifra representa tan sólo del 65% del total de la seguridad social nacional”, explicó.
Al disertar en el panel sobre “La Financiación de los Sistemas de Salud en la Argentina”, que organizó la Universidad ISALUD, agregó que hoy “hay más de 15 tipos de población que se han incorporado al sistema, cuando hace 40 años había solamente uno”.
Participaron en el panel, además de Bellagio, Hugo Magonza, vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada de la Argentina; y Antonio La Scaleia, presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra) y titular de IOMA, entre otros.
Continuó Bellagio con que “la población activa de la SSSalud era hace pocos años del 30%”, pero enseguida ubicó el tema en su justa medida, invocando las palabras utilizadas por Gines González Garcia hace poco tiempo en Mar del Plata y que esta vez el superintendente hizo propias: “Nuestro problema no es la accesibilidad, sino la inclusión de la población en los sistemas de salud”.
Agregó el superintendente que “hoy las obras sociales abarcan el 48% de la población. Junto con las obras sociales provinciales, los demás sistemas y el PAMI, estamos en casi el 60% de la población cubierta y si se seguimos así -remarcó-, “dentro de unos años vamos a llegar al 90% de la población”.
Detalló “los desafíos” que esa situación provoca. “Todos hablamos de articular, pero el tema es cómo lo hacemos”, dijo, aunque luego explicó los planes y las acciones que efectúa la SSSalud, en cumplimiento de las directivas efectuadas por el ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur.
“Todo acto médico de salud es público, independientemente del subsistema que lo financie”, y amplió que “la división de los subsistemas es solamente desde el punto de vista del financiamiento, nada más”.
Así es que dijo que “todos los desafíos que enfrentamos en la seguridad social también lo tienen los subsistemas desde el punto de vista poblacional. Tenemos una diversidad poblacional -especificó- que implica atender demandas de salud de poblaciones muy distintas, con problemas geográficos”.
La inclusión
Dos pasos se acaban de dar hacia la conformación de un sistema sanitario nacional “para todos”: los remedios tienen ahora seguimiento desde que salen del laboratorio hasta que llegan al paciente y está vigente la ley de medicina prepaga, actividad que no contaba con ningún tipo de regulación pese a involucrar a más de 4 millones y medio de usuarios.
El objetivo inicial consiste en dotar al sistema de salud de mayor grado de transparencia, a partir de contar con una información que hasta el presente el Estado nacional jamás en toda su historia había tenido.
En un principio, una gestión inteligente del Estado apunta a lograr mejor precio y calidad de la salud a través de la trazabilidad de los medicamentos y con la regulación de prepagas se despejará el camino que conformará el sistema social de salud pública.
Actualmente el presupuesto sanitario nacional es el más alto de la región: 30, 26 y 5 % superior al brasileño, uruguayo y chileno, respectivamente, con lo cual su más eficiente aprovechamiento solo permitirá abaratar y dotar de mayor calidad a las prestaciones.
Doble afiliación
Según los datos de la encuesta nacional de salud, la cobertura de las prepagas o mutuales alcanzaría 7,9 % de la población, de la que la “doble afiliación” (prepaga más obra social) desagregaría 4,2%.
A partir de la nueva disposición, casi dos centenares de empresas han sido obligadas a aceptar pacientes con enfermedades preexistentes, se les regula la cuota mensual que perciben y la congelan para clientes de más de 65 años.
Casi 60% de estas prestadoras privadas tiene base en Capital Federal, casi 20% en el resto del Gran Buenos Aires y otro 20% en el interior).
Del volumen total de asociados, en 65% de los casos se trata de adherentes individuales y el resto (35%) está conformado por afiliaciones corporativas.
Las diez firmas líderes del mercado argentino concentran, aproximadamente, 46,3% de la facturación y 41% de la demanda.
Regulaciones
Salvo el servicio de prestación médica obligatoria, no había ningún tipo de regulaciones en las prepagas, como sí los hay en el marco de las obras sociales.
Si bien ahora están obligadas a recibir a usuarios aunque estén enfermos -uno de los puntos más controvertidos para la actividad privada-, la propia ley prevé que, a través de la reglamentación del Estado, en este caso puedan aumentarse o fijarse cuotas especiales para las personas que, teniendo una gravedad y no estando hasta ese momento afiliada la prepaga, opte por hacerlo.
El promedio de aportes que se hacen en la medicina prepaga es de $ 1.000 en la más costosa; la que menos recibe de aportantes es de $ 560, en tanto que en las obras sociales no alcanza los $ 360 para las que más aportes reciben.
Un gremio puede contar con 30 ó 40.000 afiliados, pero su obra social apenas tiene 2.000 porque se está produciendo una paradoja: a la medicina prepaga va la gente joven y sana, y al resto van las personas mayores, tengan o no enfermedades.
Pese a ello hay más quejas con el sector privado que con las obras sociales.
También la medicina privada cuenta con prerrogativas financieras que le dan ventaja respecto de la social: durante 2009-2010, las principales prepagas de este país estuvieron habilitadas legalmente para comprar $ 2 millones por mes en moneda extranjera, no para invertir o para dividendos, sino para atesoramiento en moneda extranjera.
Es la mejor demostración de que van a seguir siendo rentables por más que el Estado simplemente las controle en representación de los intereses del usuario, afirma la Presidenta.
Por un lado, lo rescata como su deber, pero por otro aclara que tampoco sería buen negocio para el Estado que no estén esas empresas, en virtud de que en ese caso sería el sector público o el de las obras sociales los que deberían atender ese mercado.
Medicamentos
La trazabilidad en medicamentos alcanza a dos centenares entre los más valiosos, pero al presentar el proyecto la Presidenta hizo hincapié en tres tipos considerados críticos: los oncológicos, o sea, todos los productos medicinales que tienen que ver con el cáncer, los que son para los hemofílicos y los destinados a enfermos de HIV SIDA.
Al tiempo de ser éstos los más caros, anidaron en ellos procesos delictivos, como falsificación, adulteración y también robos. Ahora, mediante este nuevo régimen, se les puede hacer el seguimiento, no solamente a los que adulteran sino quienes los roban.
Este paso se considera trascendental, porque los precios de algunos medicamentos, como la ampolla para hemofílicos, cuestan por ejemplo $ 50.000 para la obra social, siendo que una persona que padece esta enfermedad tiene en juego su vida si no le es suministrada la medicación.
Así, señaló la primera mandataria, la información que surja va ser una excelente base para el diálogo con los laboratorios.
Y los programas de software conseguirán entrecruzar los datos, de modo de establecer, por regiones o por provincias, tipologías que permitan detectar con mayor precisión (y tener una fotografía mucho más acabada) lo que es la inversión en salud de la Argentina.
Como una parte de la población tiene seguro médico público, es por ello que el Estado compra medicamentos destinados a patologías de alto riesgo.
Ese tipo de compra responde a demanda e implica un volumen anual de mucho dinero porque cada unidad es cara.
Con el convenio entre el PAMI, los Ministerios de Desarrollo y Salud, no se centralizan las compras, sino que se las integra, aprovechando la estructura ya existente para lograr un menor precio y alcanzar a mayor población beneficiaria.
“En ese sentido tenemos que dejar de ser un Estado que muchas veces van por distintos lados y comenzar a unificar políticas, lo que no significa centralizar y cerrarse, sino por el contrario utilizar toda la información disponible”, reiteró la mandataria.
Hasta ahora, los medicamentos pueden seguirse a través de los datos de partida y lote.
El nuevo sistema individualiza la unidad, le da una suerte de DNI, y su paso debe quedar asentado en cada una de las etapas del proceso, desde la producción hasta la comercialización.
Si el medicamento es importado, el laboratorio y su ingreso; si es nacional, su producción. El sistema informa cuándo pasa a droguería; después, a farmacia.
En la última etapa, el paciente podrá verificar la legitimidad del medicamento enviando el código único por mensaje de texto (sms) o ingresando en el sitio web de Anmat.
De ese modo, si lo roban, no puede ser comercializado, porque será detectado en los controles; también si vence, tanto como cuando es robado, debe ser dado de baja.
El sistema permitirá asimismo detectar los remedios falsificados o adulterados, que no podrán ser ingresados por carecer de ese código único.
En una próxima etapa se sumaría también la digitalización de las recetas médicas para tener una fotografía más acabada de la salud.
Cobertura
La Argentina tiene el 60% de sus habitantes con cobertura en el sector de obras sociales o de medicina prepaga y el resto de los habitantes, esto es 16 millones de habitantes, protegidos dentro del sistema de salud pública que hoy está en manos de las provincias.
Las prestaciones públicas están repartidas en tres niveles de gobierno.
Los fondos públicos son ejecutados mayoritariamente (el 83 %) por las administraciones provinciales y municipales.
El sistema incluye además la actuación de más de 300 fondos de gerenciamiento y atención de la salud (obras sociales nacionales y provinciales, prepagas).
Últimos datos oficiales disponibles:
56 % de los argentinos cuenta con la cobertura de alguna obra social (sindical, provincial, PAMI).
10 % está afiliado a compañías de medicina prepaga o tiene más de una cobertura.
34 % restante se atiende en el sistema público: hospitales, centros de salud.
En los últimos años, la mayor inclusión social (incremento del plantel de trabajadores formales, ampliación del universo de jubilados y pensionados) revirtió parcialmente el hecho de que la única alternativa del 60 % de la población más desprotegida fuese recurrir a la atención pública.
El PAMI cubre 4 millones y medio, que además son los usuarios con mayores problemas, por ser los de mayor edad; unos 15 millones están en manos de obras sociales y unos 3,5 en manos de las prepagas.
Los grados de concentración: el 80% de la población que tiene cobertura en prepaga está en cinco empresas.
Pero un detalle inquietante es que el mayor nivel de quejas de usuarios de la medicina es superior en la medicina prepaga (0,07%) que en las obras sociales, 0,04%.
También la concentración caracteriza a las obras sociales, donde 25 concentran el 80% de los que tienen cobertura fuera de la salud pública.
Ha habido una evolución muy importante en la incorporación de fondos: de $ 3.129.000.000 en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, a $ 9.610.000.000 en 2010, lo cual se debe esencialmente a cuatro razones.
Dos de ellas son estructurales del modelo, como la generación de puestos de trabajo y el mayor poder adquisitivo de los salarios, lo cual está relacionado a una cuestión sistémica del modelo.
Y las otras dos razones correspondieron a decisiones del Poder Ejecutivo, que en el 2008 eliminó el tope para las contribuciones patronales y también aumentó el tope de los aportes. Las contribuciones son las que hace el sector patronal y los aportes surgen de lo que se descuenta a cada trabajador.
También se destacó lo que se refiere a la evolución del fondo solidario, que es un aporte que hace también y es de las obras sociales, de $ 575 millones en el año 2003 a 3.887.000.000 en 2010.
Seguridad social
Un gran deterioro sufrió en las últimas décadas el sistema público, integrado por los hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud que funcionan bajo la coordinación de Ministerios y Secretarías de la Salud de las diferentes jurisdicciones (nacional, provincial o municipal) y que presta servicios de provisión gratuita.
A su vez, esta situación actuó como disparador de un crecimiento expansivo del sistema de seguridad social (obras sociales), que se convirtió en el principal proveedor de servicios hasta que sus problemas se agudizaron en el transcurso de la década de los ‘80 como consecuencia de múltiples factores: entre ellos, la pérdida de recursos y la debilidad institucional.
Sin embargo, un elemento aún más importante que influyó en la crisis de las obras sociales se desprende del creciente proceso internacional de tercerización del trabajo y la consiguiente pérdida de peso de los sindicatos.
Entre 1991 y 1997, la población que contaba únicamente con seguro de obra social aumentó de 40,3% a 50,2%.
Esto se explica por la paralela baja de la población que contaba simultáneamente con prepagas y obras sociales, que descendió de 13,9% a 4,2%.
La mayoría de la población argentina (62,3%) aún cuenta con cobertura de algún sistema de salud, sea este de obra social o de prepagas.
La explicación se encuentra en el carácter fragmentado del sistema de salud argentino, que permite que algunas personas cuenten con más de una obra social, ya sea porque tienen más de un empleo o porque cuentan con la cobertura de la obra social de sus cónyuges.
Por otra parte, la mitad de los beneficiarios de los planes voluntarios de mutuales y prepagas suelen tener también obra social. Esto explica, en parte, que un crecimiento significativo del desempleo (como el registrado durante la década de los años ´90) no haya repercutido linealmente sobre la cobertura de la seguridad social.
Concentración
Sobre un total de 290 entidades, excluyendo el PAMI, las primeras 20 obras sociales del ranking nuclean el 65,7% de los beneficiarios totales, y entre ellas las 10 primeras entidades absorben el 51, 52% de la población total.
Las de régimen nacional, más de 300 instituciones a comienzos de la década del ´90, son los agentes centrales del seguro de salud, dan cobertura al 50,2% de la población con seguro obligatorio y se encuentran bajo la dirección y coordinación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) desde 1996 (decreto 446/00).
Las provinciales son 23 instituciones que otorgan cobertura a un 29,41% de esta población, fundamentalmente empleados del sector público provincial y sus dependientes.
La fuente de financiamiento está constituida por contribuciones de empleados y empleadores vinculadas a los ingresos, que en las obras sociales de régimen nacional se establecieron en un 8% de la nómina salarial (luego modificadas) y, en el caso de las provinciales, varían entre el 7 y el 12,5%.
Este subsistema se terminó de consolidar como tal cuando en 1970 se extendió de manera obligatoria a toda la población trabajadora y a los jubilados y pensionados.