El veredicto del juicio oral y público que culminó ayer sorprendió. La fiscalía había pedido condenas de ocho años de prisión pero el tribunal determinó que no existió contrabando. Los fundamentos se conocerán recién en noviembre.
Carlos Menem, Oscar Camilión, Emir Yoma, Diego Palleros y José Luis Sarlenga, entre otros ex integrantes de la administración que gobernó a la Argentina entre 1989 y 1999, son inocentes del supuesto contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. Después de casi tres años de juicio y 16 de investigación, la justicia determinó ayer que tal contrabando (cuando ambos países estaban vedados de recibir pertrechos militares) probablemente jamás haya existido. Que todo pudo ser una ficción.
Menem, el ex presidente que pese al escándalo de las armas ganó la reelección de 1995 con el 50% de los votos y pasó cinco meses preso en 2001 por decisión de un juez al que consideraba tropa propia, esbozó primero un gesto de sorpresa y luego una sonrisa cómplice con sus abogados cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) Nº 3 lo absolvió “de culpa y cargo”, cuando el reloj rozaba las cinco de la tarde. Su ex cuñado, Emir Yoma, tomó con su mano izquierda la derecha de su abogado, Mariano Cúneo Libarona, quien pareció emocionarse al punto tal de ocultar algunas lágrimas.
Por mayoría, los jueces Luis Imas y Horacio Artabe resolvieron absolver al ex mandatario y al resto de los imputados. El tercer integrante del tribunal, Luis Gustavo Losada, votó en disidencia en algunos puntos. Ese hecho favorece que la causa pase a estudio de la Cámara Nacional de Casación Penal, un tribunal que estará integrado a partir de fin de mes por el fiscal Mariano Borinsky, quien había pedido ocho años de cárcel para Menem y ayer se mostraba “conmocionado” por la decisión del tribunal.
Tanto Borinsky cuanto los abogados de la acusación representada en la querella de la AFIP, Carlos Lobos Oroño y Silvina Pepe, exhibían una actitud de sorpresa ante el fallo. Pero en algunos pasillos judiciales estaba instalada desde hacía rato la hipótesis de una absolución masiva. Incluidos, tal como pasó, Emir Yoma –sospechado desde el principio de ser el factótum de la supuesta operación ilegal– y Camilión, a quien se referían como el que había “quedado pegado de rebote”, por pertenecer al gobierno de Menem, con quien ni siquiera tenía cercanía ideológica.
Los fundamentos de la sentencia que declaró inocentes a todos los investigados se conocerán dentro de casi dos meses, el 7 de noviembre. Para entonces ya habrán pasado las elecciones presidenciales y probablemente nadie tenga presente en la memoria el fallo de la víspera. Además, sólo entonces comenzarán a correr los tiempos de las apelaciones para llegar a Casación, es decir que probablemente no vuelva a hablarse de la Causa Armas hasta finales de 2013 o 2014. Pero en tren de analizar la decisión del TOPE 3, con la escasa información que provee el veredicto, todo parece indicar que los jueces retomaron y amplificaron el argumento que permitió excarcelar a Menem en noviembre de 2001.
Según aquel fallo, en cuya redacción tuvo intensa actividad el ex ministro de la Corte Suprema Augusto César Belluscio, un decreto del Poder Ejecutivo no puede ser ideológicamente falso. Un decreto dispone una orden, que debe ejecutarse tal cual fue dispuesta. Así, el decreto en sí no puede encerrar un delito, o en todo caso, se trata de un “delito imposible”. Tampoco un gobierno republicano puede ser pensado como una “asociación ilícita”. En todo caso, el “acuerdo de voluntades” no está puesto en función de delinquir (cometer “delitos indeterminados) porque en ese caso no existiría la democracia.
Sin embargo, lo que dispone una orden presidencial puede ser desvirtuado por los encargados de ejecutarla. Por eso hasta el momento de la lectura del veredicto había una presunción de que la línea de corte de las responsabilidades la darían los decretos: quienes los firmaron, absueltos; quienes desviaron las armas, culpables. No fue así. Y sólo los jueces saben por qué.
Fuente: Tiempo Argentino.
